El PP exige la convocatoria de una asamblea pública con los afectados por las zonas de flujo preferente

Y que el ayuntamiento les defienda en el juzgado

El impacto económico de las zonas de flujo preferente establecidas por el PSOE supone pérdidas superiores a los 100 millones de euros para centenares de familias lorquinas a las que no se les ha informado absolutamente de nada.

Ángel Meca: "la CHS ni siquiera respondió a las alegaciones presentadas en diciembre. Confiar el futuro de miles de lorquinos a un nuevo periodo de alegaciones es una irresponsabilidad. Hay que parar esto como sea".

El concejal de Desarrollo Rural en el ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Ángel Meca ha manifestado que hoy el PSOE escribe un nuevo capítulo de esta indecente y vergonzosa historia. No se recuerda un proceso más nefasto, dictatorial y dañino que este en 40 años de democracia. Vuelven a cambiar las zonas de flujo preferente, por cuarta vez, lo que demuestra que carece de respaldo técnico y tendría que estar anulado.

Los mapas carecen de rigor y no responden a la realidad del terreno. No volvemos al punto de partida, sino que ahora ya dan por confirmadas zonas de flujo de preferente y encima pintan otras, más amplias, hasta arruinar una superficie que ronda las 3.000 hectáreas.

Meca ha denunciado que no se entiende que estos políticos ejerzan el poder de las administraciones en contra de los ciudadanos. ¿No se dan cuenta que este tipo de decisiones cambian la vida de la gente, ni del daño que están haciendo?

Los primeros cálculos que hemos realizado señalan que el impacto económico de esta medida supera los 100 millones de euros de pérdidas. La inseguridad jurídica que han provocado genera ratifica que no se puede dejar en manos de administraciones socialistas la resolución de este conflicto, porque ni el ayuntamiento ni la CHS han estado a la altura de las circunstancias.

A estas alturas no nos queda otra que exigir la dimisión inmediata del presidente de la Confederación Hidrográfica Socialista, Mario Urrea, por su irresponsable y dañina gestión en todo este proceso. Sus continuos cambios de criterio le han deslegitimado y ha generado un problema que le ha devorado.

Retirada de los mapas, elaboración de un estudio municipal y defensa en los tribunales.

El concejal del PP ha señalado que el ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible para evitar la ruina de centenares de familias lorquinas. Los mapas tienen que ser retirados, deben reiniciar el proceso y realizar estos mapas dentro de un proceso de participación ciudadana, que no ha existido hasta la fecha. Proponemos recalcular los modelos para ajustarlos a la realidad, incluyendo las preceptivas calibraciones en campo, consulta de datos históricos y someter el resultado a la opinión de los miles de damnificados.

El ayuntamiento tiene que defender a los afectados y elaborar el estudio sobre las Zonas de Flujo Preferente. Es un compromiso adquirido gracias a una moción del Partido Popular que tenía que estar a disposición de todos los damnificados desde hace 7 meses. Exigimos que el ayuntamiento, ante la manifiesta indefensión de los miles de lorquinos afectados acuda cuanto antes al juzgado para defenderles. Hay que parar este disparate como sea. Condenar ahora a los afectados a que tengan que encargar estudios técnicos de parte, pagándolos de su bolsillo, es "reírse de ellos", y no podemos olvidar que ninguna de las alegaciones presentadas en diciembre obtuvo respuesta.

El "papelón" de Mateos.

No hay un PSOE en Lorca y otro en el Gobierno de España: son los mismos. Mateos aseguró el pasado 20 de abril que lideraba las gestiones que habían permitido que las zonas de flujo preferente se redijeran de 1.100 a 349,57 hectáreas, cuando la realidad es que ya vamos por 3.000. Su gestión ha estado exactamente a la altura de lo que se podía esperar de él.

La solución a un problema por parte del ayuntamiento y de la CHS no puede ser nunca un problema más grande, sino que es necesario que se planifiquen y ejecuten las infraestructuras de defensa contra inundaciones en las zonas ahora consideradas vulnerables. Lo que no se puede hacer es arruinar a la gente y expropiarles sus tierras sin indemnización alguna, dejándolos en la estacada, y encima sin avisarles, sin ni siquiera remitirles una mínima información de lo que sucede.

Exigimos que el Sr Mateos y la CHS convoque una asamblea informativa ciudadana, con todos los afectados, para que, entre otras cosas, les explique a los vecinos que, gracias a su PSOE, los vecinos de Campillo y Torrecilla no van a poder hacerse una casa, pero a pocos metros sí les van a levantar un muro de 9 metros de altura de forma transversal al paso del agua, por donde pretenden que pase el AVE.

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