Fulgencio Gil traslada al presidente regional la preocupación de los damnificados por las Zonas de Flujo Preferente impuestas por el gobierno central

El impacto económico en Lorca supera los 100 millones de euros en pérdidas, arruinando más de 3.000 hectáreas, en las que no se podrá realizar ningún tipo de obra. El ayuntamiento aún no cuenta con el estudio cartográfico que tenía que estar a disposición de los vecinos desde hace 7 meses.

El PP exige la activación de todos los recursos y herramientas del Ayuntamiento para ir preparando la defensa judicial de los miles de afectados, y reclama que el Consistorio Municipal notifique a los damnificados lo que va a suceder con sus propiedades.

El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha compartido esta mañana con el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, la preocupación que existe entre los miles de personas afectadas en nuestro término municipal por las consecuencias que está teniendo la imposición por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de las Zonas de Flujo Preferente (ZFP).

La incertidumbre se ha elevado aún más al tener noticia a través de los medios de comunicación de que la CHS no sólo rechaza cualquier tipo de revisión de este problema, sino que tampoco ha respondido a las alegaciones presentadas por los afectados en diciembre de 2021, y no contempla ampliar siquiera el plazo para la presentación de nuevas alegaciones. En resumen, la CHS se ha empeñado en imponer esta expropiación encubierta con toda la fuerza de la que disfruta como administración, sin comunicar nada a los afectados y saltándose el pertinente procedimiento de participación ciudadana que tenía que haber desarrollado.

El ayuntamiento de Lorca dispone desde hace tiempo de los mapas de ZFP y conoce perfectamente a qué personas les afecta, por lo que solicitamos que se implique de verdad para ayudar a los centenares de familias damnificadas, enviándoles una notificación informativa sobre los perjuicios que conlleva esta medida del gobierno central, ya que aún son muchos los afectados que ignoran lo que está pasando y se van a encontrar con un gravísimo problema.

El pleno del ayuntamiento acordó el pasado mes de noviembre la elaboración de un estudio cartográfico municipal en contraposición al elaborado por la CHS, que está plagado de errores e imprecisiones, llegando a calificar como ZFP zonas alejadas de cauces de ramblas en las que jamás se han registrado problemas por inundación.

Ante la pasividad del gobierno sociocomunista, insistimos en el pleno del mes de febrero y redundamos otra vez en junio. La situación es que, a día de hoy, transcurridos 7 meses, los vecinos damnificados no disponen del informe municipal, un documento con el que otros municipios ya cuentan, y sin el que es absurdo redactar alegaciones, cuya presentación tiene que realizarse en cualquier caso antes del 7 de septiembre,

El impacto en pérdidas económicas que va a ocasionar la catalogación de estas ZFP supera con creces los 100 millones de euros, arruinando un total de 3.000 hectáreas de terreno en las pedanías de Torrecilla, Campillo, Purias, La Escucha, Ramonete y Río, entre otras.

Habida cuenta del estado de la cuestión, proponemos que el ayuntamiento actúe con la seriedad que estos miles de afectados merecen, y sea capaz por una vez de adelantarse a los problemas. Para ello, solicitamos que se activen ya todos los recursos municipales que permitan al Consistorio Municipal emprender la defensa legal ante los tribunales de justicia de estas familias, ante el inmovilismo de la CHS. No pueden condenar a la indefensión a los afectados, sino reaccionar ante la inseguridad jurídica que han provocado.

No tenemos más remedio que indicar que ni el actual gobierno local ni la CHS, ambos dirigidos por el PSOE, han estado a la altura de las circunstancias. De hecho, los mapas de las ZFP han cambiado hasta en cuatro ocasiones, dejando claro que carecen de criterio técnico.

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