Rosa María Medina: "la ambición personal de Pedro Sánchez está poniendo en peligro la convivencia colectiva, convirtiendo en legales hechos que no lo son, y que nos condenan a todos frente a la defensa de la Democracia. Se está cediendo a un chantaje ante el que jueces, fiscales y otros colectivos muestran su máxima repulsa"
José Martínez: "El gobierno del Partido Socialista se ha convertido en una amenaza para el futuro y para la unidad de nuestra Nación, y queremos mostrar nuestro rechazo a estas decisiones, y a la cesión de los privilegios económicos que pretende otorgarse, lo que favorece la desigualdad de todos los españoles"
El Ayuntamiento de Lorca celebrará un Pleno Extraordinario el próximo martes 21 de noviembre, que tomará como eje el central el debate sobre la Ley de Amnistía, tras el acuerdo entre PSOE y Junts; un pacto que supone un quebrantamiento de los principios de la Democracia y del Estado de Derecho, la pulverización del principio de Igualdad entre los ciudadanos; entre las propias comunidades autónomas y los propios municipios.
La sesión plenaria ha sido convocada en horario de mañana, tras la celebración hoy mismo de una Junta de Portavoces de los grupos políticos con representación municipal, partiendo la moción directamente de la Alcaldía del Ayuntamiento, a petición del Grupo Municipal Popular y Vox, documento donde se manifiesta dicha solicitud, que ha sido asumida por el alcalde.
En la sesión se pondrá de manifiesto el rechazo expreso a la futura Ley de Amnistía a los procesados tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la necesidad del cumplimiento de la Ley y la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y la Igualdad entre españoles; y frente a cesiones económicas a Cataluña en detrimento de otras Comunidades Autónomas.
Concretamente, la portavoz popular Rosa María Medina Mínguez y el viceportavoz de Vox, José Martínez, han informado a los medios esta misma mañana del contenido de esta moción y sus acuerdos. El documento, en cuestión, llega bajo el título "Moción de Alcaldía en defensa de la Democracia, la Constitución, el Estado de Derecho y la Igualdad entre todos los españoles, a petición de los grupos municipales del Partido Popular y Vox"; y en él, entre otros, se expresa lo siguiente:
Ningún representante público puede anteponer su interés político y/o personal a la defensa de la Constitución, la Democracia y la Igualdad entre españoles, puesto que eso supone la humillación del Estado de Derecho. Tal y como señala la Declaración institucional del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundida el pasado 6 de noviembre.
Coincidimos con el texto emitido al afirmar que "utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional, y "no es compatible con el principio de Estado de derechoproclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitosante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno.
En tal sentido, resulta de especial actualidad y necesidad respaldar las palabras del CGPJ en las que pone de relevancia que España no puede generar una "clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos"lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución.
De especial trascendencia resulta el comunicado emitido por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia, Asociación de Jueces "Foro Judicial Independiente", en el que manifiesta públicamente en el que muestran "su rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias", al tiempo que recuerda que "el poder judicial en España es independiente.
No es de recibo que para lograr los votos de los partidos independentistas para su investidura como presidente del Gobierno se puedan llegar a violar hasta siete artículos de la Constitución Española, que expresamente prohíbe una Ley de Amnistía y, ello sin necesidad de tener conocimiento del texto del proyecto de Ley que está elaborando el Gobierno en funciones.
Recogemos el malestar y rechazo social ante esta situación.
Asimismo, el ataque a la separación de poderes ha ocasionado el rechazo de los profesionales del ámbito de la justicia, como también señala la Asociación de Fiscales en el comunicado en el que muestra "su más firme oposición a esta medida, un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho".
Además, el establecimiento de este tipo de pactos políticos no puede en ningún caso alterar el equilibrio económico en el tratamiento de los ciudadanos. Aquí, hemos de dar cuenta del comunicado emitido por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de nuestra Comunidad Autónoma difundido el pasado día 9 de noviembre en el que expresa "su repulsa ante una forma de hacer política que antepone intereses partidistas y personales a los generales, que pertenecen a todos los ciudadanos".
Por todo ello, en el Pleno Extraordinario se proponen la adopción de una serie de ACUERDOS:
Rechazar la adopción de acuerdos que determinen la aprobación de proyectos de Ley de Amnistía contrarios a lo establecido y contemplado en la Constitución Española de 1978.
Apoyar la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional.
Respaldar la expresión popular de los ciudadanos españoles trasladada de forma pacífica, reivindicativa y ejemplar en el ejercicio de sus legítimas libertades, refrendando el apoyo al derecho de manifestación aplicada en este particular a mostrar su rechazo a decisiones políticas con las que no están de acuerdo.
Secundar la Declaración Institucional del Pleno del Consejo General del Poder Judicial emitida con fecha 6 de noviembre de 2023.
Exigir que los procedimientos judiciales en marcha con el objetivo de depurar responsabilidades legales derivadas de los hechos relativos a la convocatoria, desarrollo y organización del proceso independentista de Cataluña, se lleven a término hasta sus últimas consecuencias.
Exigir el cumplimiento estricto y máximo respeto a nuestra Constitución como marco de convivencia, así como a los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europeapara que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial.
Rechazar los privilegios económicos otorgados por el Gobierno de España en funciones a determinados gobiernos regionales en detrimento de otras al constituir un injusto factor de desigualdad entre españoles, así como cualquier otra vulneración que pueda derivarse de los pactos entre partidos políticos en el marco del proceso de investidura.
Redactar un Bando Municipal en los términos establecidos en esta propuesta para el general conocimiento de la ciudadanía.
Declarar nuestro rechazo firme y enérgico a la intención de Pedro Sánchez de ser investido como presidente del Gobierno de España acordando una ley para amnistiar a los políticos independentistas catalanes.
Apelar a la responsabilidad y dignidad de cada uno de los concejales del Ayuntamiento de Lorca para votar en contra de este ataque a la unidad, igualdad y justicia en España.
Declarar que aquellos representantes políticos que voten a favor tanto de una Ley de amnistía a los independentistas catalanes como de una investidura que la contemple como contrapartida serán responsables de esta traición sin precedentes.
Manifestar la necesidad de que los órganos de gobierno de las Cortes Generales rechacen la tramitación de la Ley de Amnistía por ser contraria a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, nuestra democracia, la Constitución y el Estado de Derecho.
Remitir certificación de estos acuerdos a la presidencia del Gobierno de España, a las Cortes Generales y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado.
